Dr. Gustavo Bizama, Investigador posdoctoral Centro IRIS
Recientemente la Policía de Investigaciones incautó dos peces cabeza de serpiente (Channa argus) y dos tortugas mordedoras (Chelydra serpentina) en la Región Metropolitana, especies exóticas de alto riesgo para nuestros ecosistemas y cuyo ingreso está prohibido y estrictamente regulado en Chile. El hecho puede parecer anecdótico, pero representa exactamente el tipo de amenaza que un país con barreras geográficas naturales como Chile debería ser capaz de detener antes de que llegue a sus ecosistemas.
El pez cabeza de serpiente es particularmente preocupante, es un depredador capaz de consumir peces y otros organismos acuáticos de agua dulce y posee adaptaciones que le permiten sobrevivir en condiciones ambientales adversas. Si lograra establecerse, podría generar impactos sobre nuestras especies nativas y sumarse ya a la lista de especies introducidas que generan pérdidas de biodiversidad, hasta extinciones locales. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿no deberíamos contar con un listado dinámico de especies exóticas con alto potencial invasor, identificadas antes de que ingresen al país?
La prevención es la primera barrera frente a las especies exóticas invasoras. Detener una amenaza en la frontera es mucho más efectivo y, potencialmente, menos costoso que intentar controlarla cuando ya se ha establecido y expandido. La bioseguridad no es simplemente un trámite aduanero: es una herramienta de protección de la biodiversidad, la economía y la salud pública.
Cuando una especie logra establecerse, los costos ambientales y económicos pueden ser enormes. Hace ya una década, estudios realizados en Chile evidenciaron importantes costos asociados al control y mitigación de especies invasoras. Si conocemos estas consecuencias, ¿por qué no anticiparnos mediante sistemas de monitoreo y prevención coordinados con nuestros países vecinos?
El castor (Castor canadensis) es un ejemplo elocuente. Introducido en Tierra del Fuego Argentina a mediados del siglo XX se expandió hacia territorio chileno, transformando bosques y cursos de agua. Hoy seguimos destinando recursos para controlar sus efectos. Una coordinación temprana y protocolos de bioseguridad compartidos podrían haber reducido significativamente este riesgo.
Los ecosistemas de agua dulce son especialmente vulnerables. Entre los principales vectores se encuentran el comercio de fauna y flora, el acuarismo, el transporte y el movimiento de organismos entre cuencas. Chile ya enfrenta invasiones como el visón (Neovison vison), el didymo (Didymosphenia geminata), la tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta elegans) y la rana africana (Xenopus laevis). Incluso especies detectadas antes de establecerse, como el caracol gigante africano (Lissachatina fulica), muestran que las amenazas pueden llegar por vías inesperadas.
El hallazgo de las dos especies exóticas debería ser más que una noticia policial: debería ser una señal de alerta.
Chile necesita fortalecer la prevención mediante un listado actualizado de especies de alto riesgo, monitoreo de vectores, cooperación con países limítrofes y mayores capacidades de detección en fronteras, aeropuertos y puertos. Prevenir no es gastar más; es evitar pagar mañana un costo mucho mayor. Porque cuando una especie invasora se establece, el problema ya no es sólo controlar su amenaza: es intentar recuperar un patrimonio natural que puede ser imposible de reemplazar.
