Por Cristian Alister · Académico del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de La Frontera
Cuando hablamos de infraestructura solemos pensar en carreteras, represas, líneas de transmisión o puertos. Son obras visibles, medibles y financiadas, y figuran en los planes de desarrollo y en las evaluaciones ambientales. Pero en La Araucanía existe otra infraestructura, más difícil de fotografiar y casi ausente de las estadísticas, que sostiene cotidianamente la vida de cientos de familias rurales y comunidades mapuche. Está hecha de vínculos, confianzas, semillas, conversaciones y reciprocidades. La llamamos infraestructura de cuidado.
Como toda infraestructura, para entenderla hay que partir por aquello que soporta y por las presiones a las que está sometida. Desde mediados del siglo XX, y con especial fuerza tras la contrarreforma agraria y las privatizaciones de la dictadura, La Araucanía se convirtió en un espacio estratégico para la inversión forestal, energética y agroexportadora. Los monocultivos de pino y eucalipto, el control privado del agua y la expansión de proyectos hidroeléctricos y eólicos transformaron el paisaje y la manera de habitarlo.
Diversos estudios analizan los impactos de la industria forestal en la vida de las comunidades locales (Hofflinger et al., 2020; Schmalz et al., 2023). Otras investigaciones muestran que incluso nuevas formas de producción consideradas «verdes» se diseñan y ejecutan sin considerar a los actores locales (Di Giminiani y Oakley, 2023). El geógrafo David Harvey (2003) llamó a este proceso acumulación por desposesión: el crecimiento económico se alimenta de bienes comunes que antes estaban fuera del mercado, como la tierra, el agua o los saberes.
En los territorios, esa acumulación toma la forma concreta del despojo. Y el despojo no se limita a cambiar la propiedad de la tierra o del agua: transforma las relaciones sociales, materiales y culturales que se tejían en torno a ellas. Cuando un río pasa a ser un «recurso hídrico» o un bosque se reduce a «volumen maderable», cambia también la forma de relacionarse con el entorno. Para el pueblo mapuche, el territorio no es un stock de bienes, sino un tejido de relaciones entre personas, aguas, cerros, bosques y fuerzas espirituales, ordenado por normas que el az mapu resume. Es esa relación entre pueblo y naturaleza la que el despojo transforma de manera forzosa. Y lo que obliga a redibujar es, precisamente, la infraestructura de cuidado: un cuidado que no abarca solo la relación entre personas, sino también la relación entre la sociedad y su entorno.
Frente a esto, la pregunta que nos mueve es sencilla de formular y compleja de responder: ¿qué hacen los territorios cuando son despojados? La respuesta habitual pone el foco en el conflicto, es decir, en las movilizaciones, los recursos judiciales y los enfrentamientos. Todo eso existe y es importante. Pero en nuestro trabajo con organizaciones de la región hemos encontrado algo menos estridente y quizás más duradero: una multiplicidad de formas de organización que, sin proponérselo siempre como «resistencia», reconstruyen las condiciones para que la vida continúe.
Pensemos en los faros agroecológicos, predios familiares que funcionan como lugares de demostración, experimentación e intercambio de prácticas de producción sin agrotóxicos. O en las mesas de mujeres rurales, donde se articulan demandas, se comparten cargas y se diseñan estrategias económicas propias. O en las escuelas autogestionadas de agroecología, que forman a nuevas generaciones en saberes que la educación formal ignoró durante décadas. O en los grupos de defensa ambiental, que vigilan esteros, denuncian extracciones ilegales de agua y levantan información donde el Estado no llega. A esto se suman ferias libres campesinas, bancos de semillas, trafkintu (intercambios tradicionales de semillas y productos) y redes de comercialización directa.
Vistas por separado, estas experiencias parecen pequeñas y dispersas. Vistas en conjunto, forman un tejido. Y ese tejido cumple funciones que ninguna política pública ha logrado garantizar por sí sola.
Primero, crea espacios de intercambio. No solo de bienes, sino de conocimientos, cuidados y apoyo mutuo. En una economía rural precarizada, el acceso a una red vale tanto como el acceso a un crédito. Estos intercambios ocurren de forma permanente en distintos puntos de la región y en ellos se protege el patrimonio cultural, a la vez que se genera conocimiento compartido sobre las estrategias que a menudo sostienen el bienestar de las comunidades locales.
Segundo, sostiene circuitos económicos locales. La venta directa, la feria y el trueque mantienen el valor dentro del territorio, acortan la distancia entre quien produce y quien consume y generan ingresos para familias que el modelo exportador dejó fuera. Es lo que la literatura denomina economía social y solidaria: prácticas económicas que priorizan la reproducción de la vida por encima de la acumulación de capital.
Tercero, son espacios de organización política. Allí se discuten problemas comunes, se forman liderazgos (muy a menudo femeninos) y se construye la capacidad de interlocución con el Estado y las empresas. Lo político no aparece solo en la protesta: también aparece en la reunión semanal, en la minga y en la decisión colectiva sobre qué sembrar.
Cuarto, protegen el entorno. La agroecología recupera suelos agotados, los bancos de semillas conservan variedades locales y el monitoreo comunitario del agua genera conocimiento ambiental situado. En estas prácticas, el cuidado del territorio y el cuidado de las personas no son dos tareas distintas: son la misma tarea.
Este último punto es central. Estas redes no cuidan solo a los humanos. Incluyen ríos, bosques, semillas y animales como parte de la comunidad que debe protegerse. Por eso hablamos de cuidados más que humanos: una ética relacional que desafía la separación moderna entre naturaleza y sociedad, la misma separación que permite tratar un río como una mercancía.
¿Por qué llamarlas infraestructura? Porque, como cualquier infraestructura, son la base sobre la que se apoya todo lo demás. Y, como ocurre con muchas infraestructuras, solo se nota su importancia cuando fallan. A diferencia de un puente o una central, sin embargo, estas no tienen presupuesto asegurado ni mantención programada, y tampoco aparecen en los indicadores de desarrollo regional. Dependen de trabajo no remunerado y de un compromiso que se sostiene año a año con escasos apoyos.
Reconocer su valor exige, a la vez, no romantizarlas. Se trata de mecanismos que emergen como resistencia en escenarios de fragilidad económica y ambiental y que descansan, en buena medida, en la sobrecarga de trabajo de las mujeres que participan en las organizaciones, con un alto costo tanto en tiempo de cuidado como en desgaste emocional.
Esa fragilidad no es solo interna; también se explica por la manera en que el Estado y la academia se han relacionado con estas redes. La política pública tiende a llegar a ellas mediante instrumentos fragmentados: fondos concursables de corto plazo, programas sectoriales que las tratan como beneficiarias individuales o como emprendimientos, y exigencias de formalización y rendición de cuentas que no se ajustan a sus tiempos ni a sus formas de decidir. La academia, por su parte, suele mirarlas desde el conflicto o acercarse a ellas para recabar información sin sostener el vínculo a lo largo del tiempo. El resultado es que estas redes son a la vez indispensables e invisibles.
Aquí hay, entonces, una tarea para las políticas públicas y para la academia. Reconocer estas redes no significa cooptarlas ni convertirlas en programas estandarizados. Significa entender que el desarrollo territorial no se construye solo con inversión, sino también con los vínculos que permiten a las comunidades decidir cómo quieren vivir. Implica financiar su continuidad sin imponer formatos, incorporar su conocimiento en la evaluación ambiental de proyectos y abrir espacios reales de co-gobernanza. El reciente término del convenio INDAP–PRODEMU, que por más de tres décadas dio forma al Programa Mujeres Rurales, y la reorientación de otros instrumentos de financiamiento muestran lo frágil que es este apoyo. Pero también abren una oportunidad: diseñar, junto con este tejido de organizaciones, los mecanismos que vendrán, reconociendo lo que ha sido fundamental para su trabajo.
En La Araucanía solemos hablar del conflicto como si fuera lo único que ocurre en el territorio. Pero bajo el ruido existe un tejido silencioso que siembra, intercambia, enseña, vigila y cuida. Hacerlo visible también es una forma de tomar partido a favor de las economías que sostienen la vida.
Referencias
Di Giminiani, P. y Oakley, E. (2023). The making of a conservation frontier: Nation-building, green productivism and environmentalism in Patagonia. 28(4): 1-15. Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press.
Hofflinger, Á., Nahuelpan, H., Boso, À. y Millalen, P. (2020). Do large-scale forestry companies generate prosperity in indigenous communities? The socioeconomic impacts of tree plantations in southern Chile. Human Ecology. https://doi.org/10.1007/s10745-020-00204-x
Schmalz, S., Graf, J., Julián-Vejar, D., Sittel, J. y Alister Sanhueza, C. (2023). Challenging the three faces of extractivism: The Mapuche struggle and the forestry industry in Chile. Globalizations. https://doi.org/10.1080/14747731.2022.2091867
