Viviana Adriazola Jorquera, Cientista Política, Fundadora de Faro Público.
El lunes 5 de octubre, el Consejo para la Transparencia publicó una fiscalización que nos debe llamar la atención. Municipios y delegaciones contrataron más de $30 mil millones en camiones aljibe entre los años 2023 y 2024. De las instituciones que informaron estos contratos, casi un tercio no entregó el número de hogares beneficiados. Conocemos cuánto se contrató, pero no siempre a cuántos hogares llegó el agua.
La Araucanía permite ver esto sin necesidad de lupa. A solo 10 kilómetros del centro de la ciudad de Temuco, todavía hay hogares sin acceso a agua potable, siendo los camiones aljibe los que abastecen de agua a estos lugares sin red. La cuenta pública regional informa que en el 2024 más de 66 mil personas recibieron agua por camión y destaca que, por primera vez, el reparto se mantuvo todo el año.
Al leer esa frase cuesta comprender si es una buena o mala noticia. Como gestión, es un logro: el suministro no se interrumpió. Como diagnóstico, es una alarma: una medida de emergencia que funciona doce meses, deja de ser una emergencia. Un estudio del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda advierte que los camiones aljibe han pasado de ser una respuesta excepcional a constituir una solución permanente en diversos territorios
Podemos repartir mejor el agua y, al mismo tiempo, perpetuar la dependencia del camión. El número de litros entregados puede mostrar un éxito operativo sin decirnos cuánto avanzamos hacia una solución definitiva. El dato es el mismo. Lo que cambia es la pregunta que se le hace.
Traigo este ejemplo porque aquí aparece un desafío de la inteligencia artificial en los asuntos públicos. La IA puede ordenar información dispersa sobre los contratos, las rutas y los pagos de estos camiones y diseñar recorridos más eficientes para reparto de agua. También puede contribuir a investigar por qué, después de años, los camiones siguen ahí. Pero ninguna de esas capacidades garantiza que esa sea la pregunta que orienta la decisión.
Unificar información no garantiza comprenderla. Para ello se necesita método, es decir definir qué se mide, revisar si los datos son comparables, contrastarlos con quienes viven en el territorio y dejar constancia de lo que no se sabe.
En el caso de los aljibes podemos comenzar cruzando los registros institucionales de hogares abastecidos con las soluciones permanentes previstas para cada localidad. Los resultados deben publicarse de forma agregada, sin exponer datos personales: cuántos hogares dependen del reparto, qué proyecto existe, en qué etapa está, quién es responsable y cuál es su plazo estimado. Y donde no haya proyecto ni fecha, decirlo expresamente.
Esa información debe acompañar la planificación y renovación de los contratos, sin poner en riesgo la continuidad del suministro. Exige trabajo adicional, sí. Pero permite evaluar si el gasto está sosteniendo una respuesta indispensable mientras se avanza hacia una solución o si simplemente estamos renovando la misma dependencia.
La IA es una gran herramienta para conectar lo que hoy está disperso. Pero la pregunta que debe orientar la decisión sigue siendo nuestra: no solo cuántos litros se repartieron, sino cuántas familias dejaron de necesitar el camión.
