Juan Ignacio Cordero, historiador
Hay algo curioso en la forma en que hablamos del trabajo en el siglo XXI. Nos gusta pensar que vivimos una época de transformación tecnológica, innovación acelerada y nuevas oportunidades. Nos repetimos que la flexibilidad es el futuro, que el emprendimiento es una virtud y que la adaptabilidad se ha convertido en la principal competencia para sobrevivir en una economía cambiante. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar la estructura histórica que sostiene ese discurso. Porque cuando lo hacemos, emerge una pregunta incómoda: ¿estamos frente a una nueva era de prosperidad o simplemente hemos aprendido a ponerle nombres atractivos a formas cada vez más sofisticadas de inseguridad?
La historia sirve precisamente para eso: para distinguir lo novedoso de aquello que simplemente regresa bajo otra apariencia. Y si observamos la larga duración, descubrimos que la principal conquista social de los últimos dos siglos no fue el aumento de la productividad, ni siquiera el crecimiento económico. Fue algo mucho más simple y profundo: la construcción de certezas. La historia de las sociedades industriales fue, en buena medida, la historia de un esfuerzo político e institucional por proteger a las personas frente a los riesgos del mercado. Jornadas reguladas, estabilidad contractual, sistemas previsionales, educación pública, salud y negociación colectiva no surgieron espontáneamente. Fueron respuestas acumuladas a una pregunta fundamental: ¿cuánto riesgo puede soportar una sociedad antes de comenzar a fracturarse?
Durante gran parte del siglo XX se alcanzó una respuesta relativamente exitosa. Con todas sus limitaciones, amplios sectores de la población pudieron construir proyectos de vida sobre ciertas bases previsibles. El trabajo no garantizaba riqueza, pero sí ofrecía algo quizás más importante: horizonte. Permitía imaginar el próximo año, la próxima década o incluso la jubilación. En otras palabras, permitía transformar el esfuerzo en expectativa.
Luego la historia volvió a moverse.
La apertura económica, la globalización, la financiarización y la creciente individualización de los riesgos reconfiguraron profundamente esa ecuación. Chile ocupa un lugar singular en ese proceso. Muchas de las transformaciones que después se expandirían por distintas partes del mundo fueron implementadas aquí de manera temprana. Lo que en otros lugares fue una transición gradual, en Chile adquirió la forma de una reorganización estructural de la relación entre trabajo, protección social y ciudadanía. La seguridad comenzó a migrar desde las instituciones hacia los individuos. Y cuando los individuos no lograban sostener esa carga, apareció un actor inesperado para ocupar el vacío: la deuda.
Quizás esa sea una de las características más distintivas del Chile contemporáneo. Durante décadas se nos explicó que el crédito era una herramienta de movilidad social. Pero para millones de personas terminó cumpliendo una función mucho más básica: reemplazar mecanismos de protección que antes operaban colectivamente. El crédito dejó de financiar aspiraciones y comenzó a financiar necesidades. No permitía vivir mejor; permitía seguir viviendo.
Por eso el concepto de precariado resulta tan relevante. No porque describa una categoría académica más, sino porque logra nombrar una experiencia cotidiana que atraviesa a buena parte de la población. La experiencia de trabajar permanentemente sin alcanzar estabilidad. La experiencia de estar ocupado, pero no asegurado. La experiencia de participar plenamente en la economía sin lograr convertir esa participación en certidumbre.
Lo interesante es que esta realidad no se encuentra escondida en complejos estudios especializados. Está a la vista de todos. Basta abrir el diario. Y aquí aparece una ironía que sería graciosa si no fuera tan reveladora. En las primeras páginas encontramos fotografías de encuentros empresariales, foros estratégicos, seminarios de liderazgo y eventos donde se debate el futuro del país. Ejecutivos, autoridades y directorios discuten innovación, competitividad y desarrollo. Todo parece transmitir una razonable sensación de orden y dirección. Unas páginas más adelante aparece otro país.
Allí se acumulan decenas de avisos de remates judiciales, propiedades embargadas, vehículos subastados y patrimonios familiares ejecutados por insolvencia. Más adelante aparecen ofertas laborales para profesionales altamente calificados que consisten en reemplazos temporales, contratos parciales o jornadas fragmentadas. Es el mismo diario, el mismo día y la misma economía. Sin embargo, pareciera narrar dos sociedades distintas.
Tal vez no sean dos sociedades. Tal vez sea una sola historia observada desde lugares diferentes.
La historia de una economía donde algunos actores gestionan riesgos y otros deben absorberlos. La historia de una sociedad donde la incertidumbre se distribuye de manera profundamente desigual. La historia de un sistema que celebra la autonomía individual precisamente cuando transfiere hacia los individuos responsabilidades que antes eran compartidas.
Algo similar ocurre cuando observamos el Presupuesto Nacional. Solemos tratarlo como un documento técnico, reservado para especialistas y obsesionados con las cifras. Pero los presupuestos son mucho más que contabilidad pública. Son relatos históricos sobre las prioridades de una sociedad. Revelan qué problemas consideramos urgentes y cómo decidimos enfrentarlos.
Y lo que observamos resulta llamativo. Mientras se fortalecen áreas vinculadas a seguridad pública, control territorial, vigilancia e infraestructura penitenciaria, otras dimensiones relacionadas con conocimiento, cultura, ciencia o capacidades de largo plazo enfrentan restricciones cada vez mayores. La pregunta entonces no es fiscal. Es histórica.
¿Qué nos está diciendo una sociedad que invierte crecientemente en administrar las consecuencias de la inseguridad mientras posterga la discusión sobre sus causas?
Quizás nos está diciendo que hemos llegado a una etapa en la que resulta más fácil contener el malestar que resolver aquello que lo produce. Más sencillo gestionar la incertidumbre que reducirla. Más rentable construir respuestas reactivas que reconstruir las condiciones que alguna vez hicieron posible una cierta estabilidad social.
Sin embargo, la historia también ofrece una advertencia. Las sociedades rara vez se vuelven inestables porque las personas carezcan de bienes materiales. Con frecuencia se vuelven inestables porque pierden la capacidad de imaginar el futuro. Porque el esfuerzo deja de traducirse en expectativa. Porque las instituciones dejan de cumplir su función más importante: reducir la incertidumbre colectiva.
Quizás por eso la pregunta central no sea cuánto creceremos ni cuántos empleos seremos capaces de crear durante los próximos años. La pregunta verdaderamente importante es otra. ¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de construir seguridad y comienza simplemente a administrar incertidumbre? Porque en ese momento el problema deja de ser económico. Se vuelve histórico. Y, tarde o temprano, también político.
**La historia muestra que las sociedades más resilientes no son aquellas que enseñan a las personas a adaptarse indefinidamente al riesgo. Son aquellas que construyen instituciones capaces de distribuirlo de manera justa. Tal vez el verdadero debate sobre el futuro del trabajo deba comenzar precisamente ahí.**
