Por Dra. María Isabel Reyes, investigadora PUCV
Cuando una mujer rural recibe por primera vez ingresos generados por un proyecto propio, no solo cambia la economía de su hogar. También cambia la forma en que se piensa a sí misma, la manera en que negocia decisiones familiares y el lugar que ocupa dentro de su comunidad.
Ser mujer y habitar territorios rurales, constituye un desafío que requiere apoyos de distinta naturaleza y sostenidos en el tiempo. Allí, el rol que pueden jugar las políticas públicas es fundamental, pues enfrentar brechas históricas y acompañar procesos de fortalecimiento comunitario en territorios afectados por el aislamiento y la exclusión no puede depender de esfuerzos individuales. Ello trasladaría una responsabilidad estatal hacia trayectorias personales, invisibilizando desigualdades construidas durante décadas.
Con profunda preocupación hemos observado que los recortes en diversos sectores de la política pública han llegado a INDAP (Ministerio de Agricultura), institucionalidad encargada de fortalecer el desarrollo campesino y la economía rural. Una de las estrategias más relevantes y de mayor trayectoria afectada por los recortes es el Programa Mujeres Rurales, implementado en colaboración con PRODEMU, dependiente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y que cuenta con 34 años de implementación ininterrumpida.
El programa Mujeres Rurales, ha permitido que mujeres del mundo de la ruralidad puedan contar con recursos propios que amplían sus posibilidades de decisión y autonomía sobre sus trayectorias de vida. Esta premisa, que constituye un horizonte de transformación concreto para cada grupo de mujeres participantes, ha generado cambios sustantivos en los entornos en los que estas mujeres viven cotidianamente. Hemos podido observar estos procesos directamente, ya que el programa fue objeto de estudio de un proyecto investigación recientemente finalizado. Nuestros hallazgos son reveladores y dan cuenta de cómo, a partir de la implementación de programas con enfoque comunitario, es posible fortalecer capacidades y recursos colectivos para mejorar la vida de las comunidades.
Uno de los principales resultados asociado al trabajo desarrollado con el programa Mujeres Rurales muestra que los efectos de una política pública de género no se agotan en la entrega de recursos o capacitación. Su valor reside en crear condiciones para que las mujeres puedan organizarse, construir redes de apoyo y transformar las relaciones sociales en los territorios que habitan. Estos procesos se expresan en nuevas formas de asociación, colaboración y cuidado colectivo entre mujeres que sostienen cotidianamente sus comunidades. Preservar programas que fortalezcan la organización de las mujeres en el campo permite generar mejores condiciones de vida para familias y territorios en su conjunto.
Interrumpir este programa no significa simplemente dejar de financiar actividades durante un año. Implica suspender procesos colectivos que requieren tiempo para consolidarse: confianzas construidas entre mujeres, organizaciones locales, redes de apoyo y capacidades que no pueden reconstruirse rápidamente cuando una política desaparece. Hoy, más de tres décadas de políticas públicas con perspectiva de género se ponen en riesgo, interrumpiendo procesos de fortalecimiento construidos a partir de diseños pertinentes, experiencias acumuladas, equipos profesionales capacitados y mujeres participantes que confiaron en el Estado.
Desde nuestro rol como investigadoras en el campo de las políticas públicas y el enfoque comunitario, observamos con profunda preocupación cómo los conocimientos producidos al alero de programas de ciencia y tecnología (dependientes de ANID) no siempre son considerados en las decisiones respecto de qué políticas se mantienen o se interrumpen en contextos de ajuste público.
Las políticas públicas de género no son acciones aisladas ni respuestas inmediatas a necesidades coyunturales. Son procesos de largo plazo que construyen capacidades, fortalecen comunidades y amplían las posibilidades de autonomía de quienes participan en ellas. Por eso, cuando una política consolidada durante más de tres décadas se interrumpe, no solo se afecta una línea presupuestaria: se ponen en riesgo conocimientos, vínculos y transformaciones sociales construidas con mucho esfuerzo. Su impacto, además, deja huellas que no aparecen en los indicadores presupuestarios: una mujer que se atreve a emprender, un grupo que aprende a organizarse, una comunidad que construye nuevas formas de colaboración.
Estas transformaciones requieren tiempo, acompañamiento y un Estado comprometido con reducir desigualdades históricas. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es qué tipo de desarrollo rural queremos construir y qué lugar tendrán las mujeres en ese futuro. Antes de cerrar un programa construido durante más de tres décadas, debemos preguntarnos qué aprendizajes estamos perdiendo y qué oportunidades de transformación estamos dejando atrás.
