Por María José Gallardo, Vicerrectora de Investigación Universidad de Atacama, y Dra. Carolina Santelices, Postgrado e Innovación de la Universidad de Playa Ancha.
Durante las últimas décadas, Chile ha fortalecido significativamente sus capacidades de investigación y su producción científica. Sin embargo, hoy el debate ya no se centra únicamente en cuánto conocimiento generamos, sino en cómo ese conocimiento logra transformarse en soluciones concretas para los desafíos del país, contribuyendo efectivamente al desarrollo territorial, la formulación de políticas públicas y el bienestar de las personas.
Este cambio de enfoque exige revisar la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI). La institucionalidad continúa operando, en gran medida, bajo una lógica sectorial y centralizada, donde la generación de conocimiento, el diseño de políticas públicas y las necesidades de los territorios no siempre avanzan de manera articulada. Persisten brechas entre quienes producen conocimiento, quienes toman decisiones y quienes enfrentan cotidianamente los problemas que la investigación busca resolver.
La Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Chile reconoce que los desafíos contemporáneos requieren ecosistemas colaborativos, capacidades distribuidas y una gobernanza capaz de integrar múltiples actores. En este contexto, las universidades estatales desempeñan un rol estratégico. Su misión pública, establecida en la Ley N° 21.094, las vincula con la generación de conocimiento, la formación de capital humano avanzado y el desarrollo sostenible de sus territorios. Esta condición les permite articular al Estado, el sector productivo, la sociedad civil y las comunidades, promoviendo una investigación pertinente, responsable y orientada a generar valor público desde las distintas realidades regionales.
La participación de las universidades estatales en instancias como el Consejo de la Sociedad Civil de ANID trasciende, por ello, la representación institucional. Constituye una oportunidad para fortalecer una gobernanza más participativa de la CTCI, incorporando la diversidad territorial en la definición de prioridades y en la construcción de políticas que respondan a los desafíos nacionales y regionales.
La discusión ya no es si las regiones pueden desarrollar ciencia de excelencia; la evidencia demuestra que sí. El verdadero desafío es avanzar hacia un sistema de gobernanza donde las regiones no solo implementen las políticas públicas en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, sino que también participen activamente en su definición, aportando desde sus capacidades, experiencias y necesidades al desarrollo sostenible del país.
